Hace pocos días, en Página Siete, el excanciller de Chile Teodoro Ribera recordó con firmeza la profunda injusticia y transgresión a los DDHH más elementales de la expresidenta Jeanine Añez. Ribera destacó un hecho indesmentible: el reconocimiento de muchos países de la región a la sucesión constitucional que ella encabezó.
En respuesta a ello, el expresidente Evo Morales descalificó -vía Twitter, como no- al excanciller chileno acusándolo de derechista. Mala memoria tiene Morales sobre su salida de Bolivia, por eso conviene recordar un episodio no conocido y que revela los estándares de respeto a los DDHH que practica Chile como política de Estado.
Varado Morales en Cochabamba, luego de huir de La Paz en noviembre de 2019, la Cancillería chilena (por instrucciones del excanciller Teodoro Ribera), contactó al gobierno de México para ofrecerle libertad de vuelo y combustible en Chile al avión que evacuaría a autoridades ligadas a Morales de Bolivia. También se ofreció ayuda a altas autoridades masistas, mientras campeaba la violencia en Bolivia, y el mismo excanciller Ribera contactó por teléfono satelital a líderes que estaban en la clandestinidad. Reducida es la memoria de Evo.
¿Fueron todas estas acciones, llamadas o preocupaciones una casualidad? Muy por el contrario. Responden a una línea de conducta de la política exterior chilena de respeto a los derechos humanos y de apoyar los esfuerzos para fortalecer las instituciones en Bolivia. ¿Por qué? Porque en la medida que Bolivia es gobernable, próspera y democrática, la vida de los bolivianos es mejor y se evita el desorden y graves fallas institucionales que imperan en la frontera entre nuestros dos países. Frontera que está en vías de convertirse en una zona liberada al contrabando, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal.
Pero volvamos al 2019. Ante la gravedad de los hechos que acaecían en Bolivia, el gobierno chileno reconoció al gobierno de Añez recién en una reunión posterior del Mercosur, pues no se quería involucrar a Chile en un tema interno.
Así las cosas, el acercamiento entre el Estado de Chile y las autoridades legales de Bolivia, en el marco de la sucesión constitucional, recién ocurrió en el marco de LV Cumbre de presidentes del Mercosur, llevada adelante en la ciudad de Bento Gonçalves (Brasil) entre el 5 y 6 de diciembre de 2019. Por ello, el gobierno chileno tuvo la claridad de ver la situación boliviana en su real dimensión y su objetivo fue ayudar a evitar una mayor confrontación interna y lograr que el bando masista pudiera retirarse sin problemas.
Si Teodoro Ribera ha realizado un descargo por el comportamiento de la justicia boliviana con la expresidenta, es porque esto ha traspasado fronteras. El mantenimiento de la situación de Jeanine Añez no colabora ni beneficia la reputación de su actual gobierno. Bolivia no puede seguir tapando el sol con un dedo. Son muchos los organismos y autoridades latinoamericanas, expresidentes de todo el arcoíris político -también democracias europeas y organismos internacionales- que ven un enjuiciamiento equivocado. ¿Acaso todos están errados? Claramente, no.
Eran muchas las expectativas con el gobierno de Arce. Sin embargo, un gobierno que ampara y tolera las graves fallas institucionales en materia de derechos humanos y particularmente en el enjuiciamiento de la expresidenta Añez, retrocede, se aleja y pierde confiabilidad.
