La noche del pasado 1 de octubre (22.00) dos supuestos policías allanaron un domicilio en la calle San Francisco del barrio 2 de Febrero y sustrajeron la suma de 2 millones de dólares que encontraron escondido en un ambiente.
En el informe oficial, las víctimas indicaron que los pusieron boca abajo tras amenazarlos con matarlos y requisaron toda la casa hasta encontrar la plata para después marcharse del lugar.
Desarrollada las investigaciones a cargo de agentes del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), determinaron que ese dinero era de una facción que opera en Santa Cruz del Primer Comando de la Capital (PCC) que estaba destinado para la compra de armas, lavado de dinero entre otras utilidades.
Esta organización criminal liderizada por peligrosos brasileños enterados de la sustracción del dinero, dieron dos meses de plazo para que se recupere el dinero y se identifique a los supuestos uniformados que lo sustrajeron caso contrario pagarían con sus vidas esta afectación.
Un miembro de la familia de ocupación abogado de iniciales D. P. L. ante el temor de sufrir atentados contó a los agentes del CEIP que el dinero sustraído era de una facción del PCC que opera en Santa Cruz donde se halla implicado uno de sus sobrinos de 37 años de iniciales N. A. P., situació que desconocían sus allegados.
De acuerdo al organigrama criminal el PCC en Santa Cruz está conformada por un tal cucho o don choco de 33 años jefe de esta organización que se maneja también como Alexander o Jefferson. Detrás de esta persona trabajan Marco, Miguel, César, Dhiu, Marcelo, Franz, Berthi, Nelson y Junior.
Cuatro aprehendidos en la investigación serán presentado a las 15.00 en el juzgado de la Radial 17 ½ imputados por organización criminal. Se trata de N.A. P. (37), D. F. G. V. (32) y el colombiano L. F.D. R. (55), este último cuenta con antecedentes relacionados a narcotráfico en Santa Ana de Yacuma.
Solo uno de los implicados dijo no tener nada que ver en esta organización mientras el resto se abstuvo a prestar sus declaraciones ante el Minsterio Púbico.
El abogado denunciante pidió las garantías para su familia debido a la amenaza del PCC con atentar contra todos sino aparecen los 2 millones de dólares. Asimismo el profesional dejó entrever que quienes entraron a la vivienda de su madre son oficiales activos de la institución del orden.
En uno de los allanamientos en el domicilio del supuesto cabecilla en la zona de Urubó que se encontraba deshabitado se incautó cuatro armas de fuego con sus cargadores calibre 9 milímetro, 350 cartuchos calibre 22, 50 cartuchos calibre 9 milímetros y 6 handies Motorola./Clave300.
