La Paz, 04 diciembre 2022. – El Ministerio de Gobierno informó que como parte denunciante en el caso del triple asesinato ocurrido en Porongo recusó al juez de La Guardia, Rodrigo Vedia, por presunta “parcialización” con el principal imputado, Misael Nallar, a quien se benefició con orden de traslado de la cárcel de Chonchocoro a Palmasola.
Los abogados cuestionaron el accionar del juez, por su “decisión de traslado de Nallar usando de base una simple fotografía, en contraposición a informes médicos emitidos por el médico cardiólogo y la encargada de Salud de la dirección de Régimen Penitenciario, así como informes de Seguridad Penitenciaria que establecen que el imputado Nallar se encuentra estable de salud y con la debida seguridad en Chonchocoro.
Además, reprochó que el juez de La Guardia haya tomado una decisión “extra petita”, es decir, más allá del pedido de traslado a Palmasola, “cuando lo legal es que el denunciado participe en determinado acto investigativo y luego retorne a cumplir su detención preventiva”.
Según las investigaciones, el pasado 21 de junio, los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes, y del voluntario del Gacip, David Candia Orozco– fueron acribilladas con armas de alto calibre tras haber sostenido una discusión con Nallar. El principal sospechoso guarda reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio altiplánico de Viacha.
“(El juez) viene adoptando decisiones ilegales y de parcialización impidiendo la prosecución de un juicio transparente e imparcial, el Ministerio de Gobierno ha planteado recusación para apartarlo del conocimiento del caso”, se lee en el comunicado institucional.
En esa línea, denunció que el juez “no da curso a lo planteado” de rechazar el traslado de cárcel, y se “aferra a la causa”, por lo que convocó a audiencia de cesación de detención preventiva para el lunes 5 de diciembre.
“Es imprescindible apartar al juez Vedia del proceso, para que se pueda realizar una investigación seria, transparente, imparcial y con el control jurisdiccional correspondiente, que permita llegar a la verdad de los hechos y así encontrar la justicia que las víctimas y familiares de los asesinados demandan”, remarca el comunicado.
Fuente: ABI/Clave300
