Santa Cruz, 08 noviembre 2022.- Constantino Carachuyo Choque y Marco Antonio Pinto Fernández son las dos personas que tienen mandamiento de aprehensión, sospechosas de haber participado de la golpiza y robo agravado contra el periodista de la Red Unitel Mario Alberto Rocabado Román, la noche del 01 de noviembre pasado durante los enfrentamientos en el municipio de La Guardia.
Las órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público dentro el caso FUD 701102012206671, se encuentran en manos de los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para ser ejecutadas. Ambas personas radican en el municipio de La Guardia, uno es supuesto funcionario municipal de la dirección de Catastro e hijo de un dirigente seccional del MAS.
Los videos y fotografías de los hechos acontecidos aportados en el cuadernillo de investigaciones, permitieron obtener la identidad de ambos sospechosos denunciados por los delitos de lesiones graves y leves y robo agravado. Existe una tercera persona de sexo femenino que también habría participado de la golpiza contra el trabajador de la prensa que se recupera en su domicilio con una baja médica de 35 días de impedimento.
«Existe dos órdenes de aprehensión que se encuentran en manos de la Policía para ser ejecutadas, esperemos que se lo realice en el tiempo prudente para evitar que las personas sospechosas se pongan a buen recaudo o caso contrario asuman su responsabilidad presentándose voluntariamente», dijo la Fiscal Delmy Guzmán Roda en breve contacto.
En las próximas horas se aguarda la declaración de testigos que auxiliaron a Rocabado el momento que estaba siendo golpeado por una turba de personas. En su declaración, el trabajador de la prensa dijo que fue agredido con palos y piedras y despojado de manera violenta de sus dos celulares, billetera y una cadena que fue jalada de su cuello.
En otro caso, existe una orden de aprehensión vigente que lleva 18 días sin ser ejecutada contra David Elías Ocampo Mamani por agredir a un equipo de prensa de la Red Gigavisión canal 33, donde el funcionario público de Vías Bolivia arremetió contra el camarógrafo Fernando Ruíz y la periodista Gabriela Linares, para no registraran los hechos de violencia que venían generando los grupos de choques afines al MAS.
